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La Transparencia a cinco años de la emisión de la Ley General

Mtro. Julio César Bonilla Gutiérrez*

La legislación en materia de transparencia es reflejo de aspiraciones puestas en un nivel de mayor acceso y disponibilidad de información pública para transformarnos en una sociedad más democrática y participativa.

Dieciocho años han transcurrido desde que en 2002 se emitió la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, pasando por reformas constitucionales y la creación, hace cinco años, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Hoy, a pesar de los grandes avances en la materia, tales aspiraciones aún deben materializarse en muchos sentidos, más allá de lo formal.

Es imperativo evaluar lo logrado hasta ahora, pero de igual modo, identificar los retos que tenemos en materia de transparencia y acceso a la información de cara al futuro.

Uno de los mayores retos es, sin duda, el necesario tránsito de la transparencia a instancia de las personas interesadas, hacia una auténtica transparencia proactiva por parte de las instituciones públicas, que considere y analice de un modo profundo los intereses de la sociedad y así se traduzca en una adecuada, oportuna, cabal y veraz disposición de información al alcance de todas las personas.

En otras palabras, debemos elevar nuestras expectativas a fin de que la sociedad mexicana tenga los insumos necesarios para transformarse en una sociedad en la que el debate de las ideas y el intercambio de las mismas entre el gobierno y la ciudadanía se caracterice por su riqueza y dinamismo.

Para ello, debemos darle forma a una realidad en la que los derechos humanos de acceso a la información y a saber, cobren sustancia de modo progresivo, como lo mandata el artículo 1º de nuestra Constitución federal.

Las instituciones públicas deben aprehender, y apropiarse en el sentido más amplio de la expresión, de las finalidades de los referidos derechos humanos y buscar siempre maximizar su realización y abandonar, poco a poco, las visiones de satisfacer meramente los requisitos contemplados en la legislación nacional y/o local en la materia, o sólo cumplir con los monitoreos de los órganos garantes de tan relevantes derechos y que en gran medida sustentan al Estado democrático moderno, en razón de su carácter instrumental para el ejercicio de otros derechos humanos.

Es también necesario generar mecanismos de auditoría, verificación y análisis cualitativos que garanticen que la información a la que acceden las personas sea cierta, completa y de calidad.

A la fecha, no se cuenta con evaluaciones que verifiquen cualitativamente la información que se pone a la disposición de las personas, esto es, la calidad, veracidad y congruencia de la información que se hace pública.

Así, desafortunadamente, los resultados de las evaluaciones públicas o ciudadanas, generalmente se limitan a indicar si el sujeto obligado tiene o no determinada información, pero sin un análisis de fondo del contenido material o sustancial de tal información.

El reto, entonces, consiste en dotar de facultades y recursos a los órganos garantes en la materia para que, tomando como referencia la metodología de selección y aplicación de auditorías que realizan los órganos fiscalizadores a las entidades públicas, las realicen aleatoriamente a los sujetos obligados a fin de verificar la calidad de la información que publican.

Como dijimos anteriormente, ello conlleva que los sujetos obligados pasen de la atención de las solicitudes de información y la publicación de lo que la ley establece como información fundamental, a una interiorización de la transparencia como elemento sine qua non del ejercicio de su funciones, facultades y atribuciones.

Requerimos de Instituciones proactivas capaces de expandir los escenarios de su ejercicio y que incluyan en éste las necesidades de información de la sociedad en los diversos entornos.

Esto implica una asunción profunda de que la información tiene una naturaleza dinámica y que los datos respectivos, deben estar a disposición libre y pública para que la comunidad tenga la posibilidad real de evaluar y cuestionar la función y la gestión pública.

Capitalicemos pues los avances y caminemos juntos hacia una sociedad abierta porque eso es lo que sin duda alguna, requiere nuestro país.

 

 

*Comisionado Presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México

Profesor de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM

 

 

 

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