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Feminicidas libres

Valeria Durán/Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad

El auto en el que una mujer fue asesinada por su pareja pasó tres años en un corralón de la fiscalía mexiquense sin que se tomaran huellas, muestras de sangre o de ADN. Los videos de las cámaras de seguridad del motel donde otra mujer fue violada y asesinada pasaron por varias manos antes de llegar a la policía, y por ello fueron invalidados como prueba. Un feminicida confeso fue retenido demasiadas horas por la policía, por lo que el juez anuló la confesión en la que ese hombre reconocía el asesinato de una mujer.

Esas son algunas de las aberraciones procesales por las que los jueces liberan a presuntos feminicidas, por las que se caen los juicios y por las que los asesinos de mujeres están en las calles.

Desde marzo de 2019 Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) solicitó a las 32 entidades federativas las versiones públicas de las sentencias que resultaron en absolución de presuntos feminicidas en el periodo 2012-2018. Durante el anterior sexenio, hubo 739 condenas por feminicidio y 105 absoluciones, de 3 mil 56 asesinatos de mujeres en condición de feminicidio en todo el país.

MCCI quería conocer las causas por las cuales se absuelve a presuntos feminicidas. Pero los sistemas de procuración de justicia de los estados fueron opacos y omisos en revelar esa información. Luego de cientos de solicitudes, solo fueron entregadas 18 sentencias absolutorias de casos de apenas un puñado de entidades federativas. ¿Son pocas como para sacar conclusiones? No. Son demasiadas muertes de mujeres con una constante: impunidad increíble.

A partir de ese universo que no llega ni a la veintena, se pueden sostener que todas las liberaciones ocurrieron por fallas al debido proceso y no por dudas fundadas sobre la responsabilidad del inculpado. Todas. En las 18 carpetas hay indicios, evidencias, testimonios, videos, objetos, vehículos, escenas del crimen, dictámenes periciales y elementos que, de haberse procurado correctamente, habrían bastado para que las víctimas de esos feminicidios tuvieran justicia, en vez de la sentencia de absolución de quienes dieron muerte a esas mujeres.

La otra cosa que se puede concluir a partir de esos casos, es que el feminicidio no solo es perpetrado por una persona, sino encubierto, o permitido de facto, por todo el sistema de justicia de los estados, que encima reserva los expedientes donde quedaría evidenciada su impericia y negligencia.

A ellas las están matando, y a ellos, a los asesinos, los están liberando.

En esos siete años, las fiscalías estatales han reportado oficialmente 3 mil 56 feminicidios. Sin embargo, a partir de las mismas solicitudes de información, en ese sexenio MCCI contabilizó 2 mil 646 casos más de mujeres asesinadas a golpes, asfixiadas o con rastros de violencia sexual o mutilación; y cuyas muertes no fueron reconocidas como feminicidios.

Los tenían y los soltaron: por “aberraciones” de la policía, porque “no se cuidó” la cadena de custodia de las pruebas, porque la fiscalía “no buscó” evidencias, o por “incomprensibles” decisiones de los jueces.

Estas son cinco de las 18 historias, de miles de casos de impunidad en contra de la vida de las mujeres.

Las mataron, había pruebas que apuntaban al autor de ese crimen, pero el feminicidio quedó impune. Siempre.

Esta es la autopsia de un sistema de justicia que a ellas las olvida, y a ellos, todo les perdona.

 

Aquí podrás consultar el trabajo de investigación.

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