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La Reforma Energética y sus débiles órganos regulatorios, una catástrofe anunciada

Omar Páramo
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La Reforma Energética (RE) fue puesta en marcha de manera acelerada, pues fue presentada por el presidente en agosto de 2013 y aprobada en diciembre de ese año, mientras que sus leyes secundarias fueron avaladas en 2014 y la primera ronda de licitación para capitales privados se dio en 2015. Por esta misma celeridad, los órganos para regularla nacieron débiles y acotados, “lo que en sí es una catástrofe anunciada”, apuntó César Augusto Díaz, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.

Si bien el planteamiento original era reordenar el mercado mexicano a fin de permitir la entrada de las empresas en la cadena de valor de la energía y, bajo este supuesto, incentivar su generación en México no sólo a través del petróleo, sino de fuentes renovables, lo único que hemos visto en estos tres años es una aceleración concentrada en la licitación para la producción y exploración de hidrocarburos, señaló.

En este marco surgieron la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH); la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), y la Comisión Reguladora de Energía (CRE), los tres órganos reguladores en la materia que deberían ser los garantes de la implementación de la RE y los encargados de prevenir desastres que deriven en daños ambientales, algo muy frecuente en esta industria.

“Sin embargo, estamos ante entidades sumamente débiles y ejemplo de ello es la ASEA, que debería supervisar la instrumentación del Protocolo de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente en ductos, refinerías, pozos terrestres y marítimos, aguas poco profundas y en todas las gasolineras (alrededor de 12 mil), tarea que realiza con 72 inspectores”, agregó Díaz Olín.

Por su parte, la encomienda de la CNH es vigilar cada asignación de Pemex y contrato firmado a nombre del gobierno de México en cuanto al cumplimento de los planes de exploración y generación, además de vigilar y fiscalizar la evolución de los costos de producción (pues de lo reportado por las empresas depende el reparto de utilidades), labor que realiza con apenas 300 personas.

Para César Díaz, llevar de forma simultánea procesos a dos tiempos —uno acelerado para licitar y otro pausado en cuanto a establecer reglas y formas de supervisar— han provocado casos preocupantes, como que al iniciar las asignaciones en la Ronda Cero (a Pemex) y la Ronda Uno (a las empresas), se adjudicaron contratos sin importar que las herramientas de regulación apenas estaban diseñándose.

“De no fortalecer el Estado de derecho y el combate a la impunidad y la corrupción, sólo crearemos instituciones débiles, algo que no podemos permitirnos ante el gran déficit socioambiental que tiene el sector energético en México”, advirtió el docente.

El problema del territorio

El 90 por ciento de nuestra matriz energética depende del abasto de gas natural, carbón y petróleo y la mitad de la energía nacional proviene de este último, lo que da otra magnitud a cualquier problema en este ámbito, detalló el universitario.

Al participar en la mesa Impactos Socio-Ecológicos de las Reformas Ambientales en México, Díaz apunto que si bien la energética es una industria de alto riesgo y sumamente tóxica, también es territorial.

“Y es así porque requiere acceso ilimitado tanto al suelo como al subsuelo y en la Reforma todo proyecto relacionado con la agenda de inversión —exploración de hidrocarburos, energías renovables o construcción de plantas de ciclo combinado con gas— se considera actividad prioritaria y de interés y orden público, por lo que todo terreno (sin importar su vocación económica previa) que pueda dedicarse a esto deberá cederse sin objeción que valga”.

De hecho, El Plan Quinquenal de Licitación de la RE contempla un gran mapa dividido en áreas contractuales y ello implica un proceso de reordenamiento territorial de grandes dimensiones, explicó.

“Para darnos una idea de las magnitudes, consideremos que en cuanto a aguas profundas en el Golfo se asignarán mil kilómetros cuadrados, equivalentes a la extensión de las siete delegaciones más grandes de la CDMX: Tlalpan, Milpa Alta Iztapalapa Álvaro Obregón, Gustavo A. Madero, Magdalena Conteras y Coyoacán”.

En contraste, lo destinado a aguas someras son 400 km2 y a los terrestres no convencionales son 300 km2, casi los que tiene la demarcación de Tlalpan.

“Quizá este juego de barajar cifras no nos dice mucho hasta que recordamos que en muchos de estos terrenos vive gente y, pese a ello, la RE dispone que cualquier operador con contrato en mano podrá ponerse en contacto con el dueño del lugar y establecer un proceso de negociación para mercantilizar su tierra”.

De no concretarse nada en 60 días, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) hará un evalúo externo y planteará una contrapropuesta; si ni así se llega a un acuerdo se declarará —por vía administrativa— la servidumbre legal del territorio, es decir, su ocupación superficial, lo que vulnera de manera grave los derechos de propiedad, subrayó Díaz Olín.

Estas disposiciones atentan incluso contra los pueblos originarios, pues aunque las leyes de la Industria Eléctrica y de Hidrocarburos señalan que las comunidades indígenas deben ser consultadas antes de ejecutarse cualquier proyecto energético, dicho sondeo no es vinculatorio y ello significa que, con recibir un permiso y una licitación, todo plan petrolero se llevará a cabo y la ciudadanía no tendrá manera de echarlo atrás por vía alguna.

Es preciso reflexionar sobre la ocupación superficial y los órganos regulatorios debilitados a fin de hacer algo al respecto, porque si somos omisos en estos puntos, tendremos la catástrofe muy cerca, concluyó.

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