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En México, la frase “no pago para que me peguen” sigue siendo la norma

Farrah de la Cruz/Damián Mendoza

-Aprovecho los 40 años de Proceso para decir que la publicidad oficial del gobierno federal en los ámbitos de la cultura, la educación, la salubridad es algo que tiene que llegar al público, y la revista tiende a ser pública-, declaró Enrique Krauze en la conferencia que dictó sobre el 40 aniversario del hebdomadario en la edición 38 de la Feria Internacional del Libro de Minería.

En esta concurrida conferencia, moderada por Jenaro Villamil, figuras como el ministro José Ramón Cossío, Denise Dresser, Juan Ramón de la Fuente, Diego Valadés y Julio Scherer Ibarra, resaltaron la labor de la revista Proceso a lo largo de sus 40 años, la cual no sólo ha sabido hacer periodismo independiente, sino que ha logrado financiarse, y en este sentido, enfatizaron que en México no existe una ley que regule el destino de los caudales públicos orientados a los medios de comunicación privados, pues hay una “enorme discrecionalidad” que subsiste y que no es compatible con un sistema democrático.

Respecto a la financiación de las publicaciones, el académico de la UNAM, Diego Valadés, hizo alusión a la famosa frase del ex presidente José López Portillo “no pago para que me peguen”, la cual conduce a una paradoja, pues el Estado mexicano sí financia a quienes le pegan, financia a los partidos políticos, quienes no sólo lo elogian, también lo atacan.

“Lo que no me parece razonable es que haya formas de intimidación o de coacción sobre los anunciantes, porque es inadmisible en cualquier sistema de mercadotecnia considerar que una publicación con el número de circulación como la revista Proceso sólo cuente con anuncios de instituciones universitarias y ocasionalmente de la Suprema Corte de Justicia”, acotó el jurista mexicano.

En palabras del ex rector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente, la administración de este gobierno debe transparentar, dentro de un marco jurídico, la forma en cómo distribuye los recursos, pues la discrecionalidad no es únicamente con las publicaciones, la cultura también ha sufrido un proceso de adelgazamiento presupuestal, y la revista Proceso tiene derecho a que no haya más un uso discrecional de los recursos públicos.

A su vez, la periodista Denise Dresser declaró que hay que ir más allá de a dónde van a parar los recursos de la publicidad oficial, hay que saber cómo se gasta, para quién se gasta y en nombre de quién se gasta, pues el gobierno frecuentemente vincula el erario a operaciones político-electorales.

En torno a los tiempos oficiales en los medios de comunicación, el ministro José Ramón Cossío exhortó a que sean utilizados en beneficio de la sociedad, ya que México padece problemas de salud como la obesidad y la diabetes que es necesario atender.

Por último, el hijo del fundador de Proceso, Julio Scherer Ibarra, recordó la recomendación que la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió tres años después de que el director del semanario, Rafael Rodríguez Castañeda, interpuso una queja contra el gobierno federal por el trato discrecional en la contratación de espacios publicitarios: “es increíble que discriminen a la revista en el tema de la publicidad”.

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